sábado, 29 de agosto de 2020

Ortiz Bosch dice que la ley respalda decisión de Abinader sobre auditorias

imagenSANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República sí está facultada para realizar investigaciones sobre posibles desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, tal como lo ha  recomendado  el presidente Luis Abinader.
Así lo manifestó este sábado la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien definió como institucionalmente pertinente y  legalmente correcta la recomendación del Mandatario para que las instituciones gubernamentales, en su administración,  puedan realizar auditorias a través de la Contraloría.
«El númeral 7 del artículo 14 de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) y de la Contraloría General de la República faculta a ese órgano para realizar investigaciones administrativas sobre desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de aplicación de esta ley”, citó.Ortiz Bosch explicó que el reglamento de aplicación de esa misma ley, dictado por el presidente Leonel Fernández en el 2007,  también le otorga  poder a la Contraloría para realizar ese tipo de pesquisas a solicitud de las instituciones públicas interesadas.
«En su artículo  9 sobre Control Interno y Transparencia, el reglamento dispone que  para la adecuada aplicación del SINACI los auditores comisionados por la Contraloría para efectuar evaluaciones, investigaciones o auditorias internas y los auditores internos, ante la respectiva entidad u organismo, tendrán acceso irrestricto a todos los reportes y las consultas previstos en el Sistema de Información de la Gestión Financiera, establecido en la Ley 05-07, y a los sistemas conexos del SIGEF», dijo.
La funcionaria dijo que Abinader ha sido consistente en afirmar que utilizará todas las atribuciones que establecen las leyes y la Constitución para garantizar un régimen de transparencia y estricto control  en la administración de los bienes públicos.

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